Son innumerables las promesas, discursos, anuncios, comunicados y trinos del presidente Gustavo Petro asegurando que la crisis de energía de la costa del país no la iban a pagar los pobres, sino que la debían pagar los ricos. Pero como el “dato mata relato”, en la práctica el Gobierno hizo todo lo contrario; sigue adelante con la implementación de la resolución que incrementa el costo de la energía por kWh sin distinción de ingresos ni estrato.

El 8 de enero de 2026, el Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios la resolución que busca saldar la deuda por más de dos billones de pesos de la empresa Air-e, la comercializadora eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, para evitar una crisis que genere un apagón en esta zona de la costa colombiana. El problema está en que ese dinero saldrá del bolsillo de todos y cada uno de los hogares colombianos por igual, con una sobretasa de ocho pesos el kWh, lo que es equivalente a decir que la factura de energía se incrementará entre $1.200 y $2.400, de acuerdo con el consumo promedio de los hogares en el país.

Tan clara es la intención del Gobierno de incrementar el precio de la energía que en la resolución se abstuvieron de mencionar el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual puede solventar a las empresas intervenidas por el Estado como ocurre con Air-e. Este fondo puede financiarse con créditos internos y externos, multas e intereses y, de forma especial, con liquidez del presupuesto nacional, como demostró Norman Alarcón, directivo de la Liga Nacional de Usuarios del Atlántico. Tan cierto es lo que dice Alarcón que, según datos oficiales, en 2016, cuando entró en funcionamiento el fondo, se le inyectaron 7,3 billones del presupuesto nacional.

Es que ni siquiera se cumplió lo anunciado por el ministro Edwin Palma, hace tan solo cuatro meses atrás, cuando indicó que el gobierno pagaría la deuda de Air-e, además de que la empresa “no regresará a los antiguos dueños y mucho menos serán los colombianos quienes paguen las deudas que ellos dejaron”. Lo llamativo es que el gobierno Petro es quien más recursos ha tenido en la historia del país, pero no le alcanza para cubrir la deuda de dos billones de Air-e. Le aprobaron el presupuesto de 2026 por 546 billones (530 billones con archivo de la reforma tributaria), decretó de forma ilegal la emergencia económica para recaudar 16,5 billones en impuestos, antes de finalizar 2025 endeudó al país por la puerta de atrás en 23 billones, iniciando el año aprobó un cupo de endeudamiento para 2026 por 152 billones y, como si fuera poco, acaba de emitir la mayor deuda externa de la historia por cerca de 19 billones, ¿qué hacen con la plata?

Incluso, para justificar el incremento regresivo de las tarifas, tanto el ministro Palma como el presidente Petro han salido a engañar con la disminución del precio de la energía que fue de tan solo el -2,53% en 2025, sin mencionar que en 2022 y 2023 la inflación de la electricidad fue de alrededor del 20%. Ante la falta de argumentos y respaldo en los hechos, se ven obligados a utilizar el engaño.

El comportamiento contradictorio del gobierno Petro entre la teoría y la práctica es el pan de cada día. Tan solo hay que leer el proyecto de ley de iniciativa del ejecutivo que transita en el Congreso de la República, el cual busca eliminar subsidios a los servicios públicos de los estratos uno, dos y tres, afectando a cerca de 7,6 millones de hogares en todo el país, como evidenciamos en un artículo anterior. 

Además de la resolución inequitativa, las tarifas sufrirán un segundo incremento de 7 pesos por kWh este año, es decir, entre 1.050 y 2.100 pesos mensuales, debido al impuesto al carbono incluido en la reforma tributaria regresiva del 2022. De esta manera se configura el doble incremento de Petro a la factura de energía desde 2026, con un aumento de 2.250 a 4.500 pesos mensuales por hogar, sin contar la subida natural de los costes de generación, transmisión y comercialización de energía. ¿Ese era el cambio?